La conservación de los bienes culturales, para su supervivencia y disfrute por las generaciones futuras, es una responsabilidad compartida por varios actores: los profesionales e instituciones vinculadas de diversas formas al patrimonio, que trabajan directamente sobre los bienes; los gobiernos y administraciones, que legislan y reglamentan su protección y las acciones que pueden ejecutar; y en definitiva la propia sociedad civil, que debe ser consciente de la importancia de esa preservación para conocer su historia, así como atender para evitar su destrucción.

El patrimonio mueble, definido y regulado en diversos textos legales, debe someterse, para lograr su conservación, a una serie de actuaciones, realizadas por restauradores siguiendo unos criterios básicos, establecidos por diversas instituciones y aceptados por unanimidad.

Tras el estudio previo del inmueble, su historia y el entorno que lo rodea, se realizarán en primer lugar intervenciones de conservación preventiva, sobre las condiciones de su entorno. Una vez estabilizados y controlados éstos, se procederá a la restauración sobre el mismo bien, en su caso, de forma respetuosa, y actuando únicamente en aquellos aspectos necesarios para lograr su conservación y comprensión.